EL EXPEDIENTE

A mediados de 2005, Julio Carrizosa Mutis, cabeza del grupo de accionistas de Granahorrar, publicó un documento bajo el nombre "El mecanismo del acordeón y la expropiación de Granahorrar", en el que se explican de manera detallada los hechos ocurridos en 1998, que llevaron a la expropiación de las acciones de Granahorrar, que dieron inicio al proceso jurídico que en estos días se debate en el país.


EL MECANISMO DEL ACORDEÓN Y LA EXPROPIACIÓN DE GRANAHORRAR

Alegato sustentado contra la expropiación de las acciones de Granahorrar por parte del Gobierno Nacional en 1998 y Sobre Cómo algunas instituciones se enriquecieron a costa del empobrecimiento de cientos de accionistas y de la pérdida de confianza en el las autoridades del Sector Financiero.

Bogotá, mayo de 2005


Introducción

Después de una intensa semana en el sector financiero, debido a la crisis económica que afectaba al país, los accionistas del Banco Granahorrar nos retiramos a nuestro descanso de fin de semana, en la tarde del viernes 2 de octubre de 1998. En ese momento, el patrimonio del Banco Granahorrar valía 220.000 millones de pesos –más de 120 millones de dólares– y, a pesar de las dificultades de liquidez que padecía la entidad desde hacía algunos meses, teníamos la confianza de que la crisis sería superada, pues todos los indicadores eran óptimos y Granahorrar figuraba como la séptima entidad del sistema financiero, con 1’600.000 clientes y activos por 2 billones y medio de pesos.

Cuando nos reincorporamos a nuestras actividades, el lunes siguiente, encontramos que Granahorrar tenía nuevo dueño: el Gobierno Nacional. A los propietarios nos habían reducido el valor de las acciones a la cifra microscópica de un centavo por acción. Perdimos el Banco y el 99% de nuestro patrimonio en la entidad. Habíamos sido expropiados sin juicio y sin indemnización. ¿Por qué cometió el Gobierno semejante atropello? ¿Por qué actuó como un relámpago, sin notificarnos ni darnos tiempo de reaccionar?

I
Al amparo del cierre bancario de fin de semana y del silencio de la noche

Entre el viernes 2 de octubre y el sábado 3 de octubre, la Administración de Andrés Pastrana, a través de la Superintendencia Bancaria y el Fondo de Garantías Financieras, con el beneplácito del Banco de la República, nos aplicó el “Mecanismo del Acordeón”, en una operación relámpago premeditada y arbitraria.

El Mecanismo del Acordeón es una ‘jugada’ técnica que en el argot del fútbol se catalogaría como ‘sucia’. Se usa para expropiar y sacar del sistema financiero a los accionistas que por alguna razón no están en el corazón del Gobierno y las autoridades bancarias, o para sacar del sistema a los accionistas que el Gobierno y las autoridades bancarias consideran, por alguna razón, que no deben estar en el corazón del sistema financiero.

El mecanismo funciona así: las autoridades bancarias les exigen a los accionistas una capitalización, argumentando razones técnicas. Si los accionistas no cumplen la orden de capitalización, Fogafín interviene la entidad, decreta la reducción del valor nominal de la acción, asume la capitalización y toma el control de la Entidad.

Pues bien, en Granahorrar el Mecanismo del Acordeón se empezó a aplicar a las 8:00 p. m. del 2 de octubre, cuando, tras el cierre bancario, le fueron devueltos cheques por más de 800.000 millones de pesos. De inmediato, la Superintendencia Bancaria les informó a Fogafín y al Banco de la República, advirtiéndoles que Granahorrar había entrado en cesación de pagos. Es normal que ante aquella situación se enciendan las alarmas. Lo anormal es que la Superbancaria no haya intervenido administrativamente a Granahorrar, congelado sus activos y pasivos, para proteger a todas las partes y evitar un pánico económico.

Con esa información, el Banco de la República y Fogafín se apropiaron de la cartera que, por 925.000 millones de pesos, tenían de Granahorrar. Esta cartera la habían recibido como garantía de préstamos por 600.000 millones de pesos, asignados precisamente para ayudarla a superar el problema de liquidez. Estos créditos no habían sido desembolsados oportunamente ni en su totalidad, lo que agravaba, en vez de solucionar, la iliquidez de Granahorrar. La Superbancaria había desconocido la reserva bancaria a la que estaba obligada, al permitir que se diera la apropiación de las garantías.

La intervención administrativa, en cambio, habría garantizado a todos los acreedores y accionistas igualdad de condiciones en la protección de sus derechos. Pero no ocurrió así. Por el contrario, al apropiarse de los 925.000 millones de pesos, las dos entidades pusieron en riesgo al resto de acreedores y accionistas, al cobrarse de manera privilegiada sus préstamos. Esta fue la primera anomalía en la Operación oficial.

Ahora, la cartera expropiada respaldaba créditos por 600.000 millones de pesos que sólo habían sido desembolsados parcialmente y a cuentagotas. Sin embargo, Fogafín asumió como su derecho el apropiarse también del excedente. El Banco de la República, más cauto, registró la operación con el ambiguo concepto de “enajenación” y llegó a dar instrucciones para devolver el excedente apropiado, que entre las dos partes superaba los 200.000 millones de pesos. Consumada la expropiación, las dos instituciones le informaron, a su vez, a la Superbancaria, el paso que habían dado para que el Mecanismo del Acordeón siguiera su curso.

Informada la Superbancaria de la toma de la cartera, de inmediato recalculó los estados financieros de Granahorrar y en cuestión de minutos concluyó, de manera errónea, que pasaba a registrar pérdidas por 228.000 millones de pesos. Entonces, siendo las 11:50 p. m. del viernes 2 de octubre, emitió una Resolución ordenándoles a los accionistas capitalizar en 157.000 millones de pesos. Según los cálculos oficiales, con esos nuevos recursos el capital volvería al 9% sobre el total de activos, el nivel exigido por las normas.

El Representante Legal de Granahorrar fue notificado de la orden de capitalizar, en la madrugada del sábado 3 de octubre (a las 2:50 a. m.), en una Resolución que fijaba un plazo de 12 horas para cumplirla, es decir, hasta las 2:50 p. m. del mismo sábado. A las 3:00 p. m., al no producirse la capitalización, Fogafín le informó a la Superbancaria, y enseguida esta entidad elaboró el informe al que por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero están obligados, refiriendo los hechos anteriores y los nuevos estados financieros. Así cumplieron otro requisito para aplicar el Mecanismo del Acordeón.

El siguiente paso consistió en que Fogafín decretó la reducción del valor nominal de la acción de Granahorrar a un centavo. Fue en este instante cuando los 220.000 millones de pesos que hasta ese momento valía nuestro patrimonio como accionistas de Granahorrar, se convirtieron en 350 millones de pesos. Acto seguido, Fogafín capitalizó Granahorrar. Y, ¿cómo lo hizo? ¡Con los mismos recursos de la cartera de Granahorrar que acababa de apropiarse! Además, la capitalización no fue realizada por Fogafín en un contado ni en el momento ordenado por la Superbancaria, sino en varios pagos a lo largo de la siguiente semana.

El veloz ejercicio realizado había concluido. El Mecanismo del Acordeón se había aplicado contra los accionistas de Granahorrar en una operación conjunta entre Superbancaria, Fogafín, el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda, al cambiar la propiedad de Granahorrar de manera arbitraria, sin recurso ni juicio alguno, en menos de 24 horas y sin pensar que debían indemnizarnos.

II
Detrás de las medidas

En medio de esa frenética sucesión de acontecimientos, las autoridades bancarias omitieron notificar a los accionistas las medidas. En efecto, las resoluciones de la Superbancaria y de Fogafín que les permitieron expropiar a Granahorrar nunca fueron notificadas a los accionistas. Este hecho, como es natural, originó nuestra reclamación, pues fueron atropellados todos nuestros derechos. Sencillamente, no tuvimos oportunidad de intervenir para controvertir, ni mucho menos tuvimos la oportunidad de cumplir la orden de capitalizar, porque era imposible hacerlo en el plazo y las condiciones fijadas.

Formalizar un sábado, cuando la banca está en receso, una abrupta capitalización por 157.000 millones de pesos, en medio de la gran crisis de liquidez que padecía en ese momento el sistema financiero colombiano, era imposible. También habría sido imposible realizar la Asamblea General de Accionistas cumpliendo con los requisitos legales para discutir el tema. ¿Qué buscaba el Gobierno Nacional al ordenar una capitalización que sabía que era imposible?

El mismo interrogante se debe formular frente al surgimiento súbito e instantáneo de pérdidas por 228.000 millones de pesos, que se facilitó por la coordinada enajenación de los 925.000 millones de pesos de la cartera de Granahorrar por parte del Banco de la República y Fogafín. Al contabilizar de manera errónea el impacto de esa apropiación, la Superbancaria pudo exigir la capitalización, que de todas formas, como ya se dijo, era irrealizable por las condiciones fijadas.

Estos pasos forzados despiertan dudas sobre las intenciones ocultas del Gobierno y las autoridades bancarias al aplicar el Mecanismo del Acordeón contra Granahorrar. De hecho, la apropiación de la cartera por 925.000 millones de pesos derivó en que el Banco de la República y Fogafín registraron utilidades por más de 200.000 millones de pesos. ¿Es legítimo que dos entidades públicas obtuvieran utilidades con el excedente apropiado de la cartera entregada en garantía por Granahorrar, desencadenando una crisis financiera que afectó a todo el país con un costo fiscal del que todavía no se conoce su monto?

Aun así, es importante resaltar que la apropiación de los 925.000 millones de pesos sólo generara pérdidas por 228.000 millones de pesos, siendo éstas ficticias. Lo que la cifra demuestra es la solvencia de Granahorrar, realidad que se confirma con lo que ocurrió tras la expropiación. Primero se produjo la capitalización gradual por parte de Fogafín, y luego, la entidad administrada por el Estado, a pesar del impacto de los 925.000 millones de pesos, siguió funcionando sin traumatismos. ¿Qué ocurrió? Que con el cambio de propietario, reapareció el apoyo en recursos de liquidez que el Estado les había negado a los accionistas legítimos de Granahorrar.

Lo que el Gobierno y las autoridades bancarias escondieron es que habían perdido la confianza en los propietarios de Granahorrar, no en la entidad. El hecho de no intervenirla ni liquidarla tras su oficialización, así lo demuestra. Lo que Gobierno y las autoridades bancarias buscaban era el cambio de propietarios, para otorgarles a los nuevos tenedores el respaldo que requería para superar su iliquidez. Fue con el propósito de cambiar de propietarios que el Gobierno aplicó el Mecanismo del Acordeón para oficializar Granahorrar.

III
La crisis de liquidez y los esfuerzos para cambiar de dueños

Son relevantes también los esfuerzos que previamente había hecho el Gobierno para buscar el cambio de propietarios de Granahorrar mediante compraventa de sus acciones. Ese esfuerzo se inició después de un conflicto entre socios, que se originó en diferencias frente a la forma de valorar algunos activos que iban a ser adquiridos. Sin embargo, las diferencias se superaron en mayo de 1998, cuatro meses antes de la expropiación, mediante un acuerdo público y escrito firmado por los socios.

Ocurrió también que algunas entidades financieras vieron la oportunidad de adquirir Granahorrar, y el Gobierno, interesado en esta operación, estimuló el esfuerzo. Entre agosto y septiembre de 1998 se realizaron diversas reuniones y acercamientos. El Banco Santander llegó al due diligence, pero se abstuvo de hacer una propuesta final. Igualmente, un grupo de bancos avanzó una propuesta mediante la cual se pagaban en acciones acreencias de los accionistas. Sin embargo, cuando se quiso imponer a los accionistas cláusulas leoninas, la operación fracasó, lo que contribuyó a desencadenar la expropiación.

En medio de esos esfuerzos estériles, la situación de iliquidez continuaba y las autoridades bancarias se resistían a darle el apoyo. La iliquidez de Granahorrar había empezado en junio de 1998 y en ese momento Fogafín y el Banco de la República respondieron a la solicitud de Granahorrar brindándole recursos parcialmente.

En este punto es fundamental recordar que el proceso de expropiación de Granahorrar se dio en medio de la mayor crisis financiera de Colombia y de gran parte del sur del Continente. De esa crisis se derivaron drásticas medidas del Banco de la República, que provocaron una iliquidez generalizada y que en Granahorrar se agravó por imprevisión de las mismas autoridades.

En efecto, para evitar una estampida de dólares y la consecuente devaluación masiva, el Banco de la República subió las tasas de interés, restringió el circulante y sostuvo la banda cambiaria.[1] Con esas medidas, el Banco Central dificultaba la salida de capitales, pero al mismo tiempo restringió los recursos disponibles en el sistema, que sólo alcanzarían para las operaciones corrientes. Y al elevar las tasas de interés, ‘secó’ la economía pues, si bien la escasez de pesos dificultaba adquirir divisas para sacarlas, también restringía la liquidez de toda la economía. Muchos deudores quebraron porque para refinanciarse tenían que acudir a préstamos con tasas de interés que llegaron al 60%, lo que hacía insostenibles sus flujos. Al dejar la gente de pagar sus deudas, vino el colapso y empezó la peor recesión económica de la historia del país.

En el mercado interbancario las tasas de interés llegaron al 70% y, por supuesto, uno de los efectos fue el aumento de la cartera vencida. Las más afectadas fueron las corporaciones de ahorro y vivienda porque las cuotas de los créditos que pagaban 850.000 deudores estaban atadas a las tasas de interés. Al subir éstas, las cuotas mensuales de los usuarios subieron muchísimo, sin que ocurriera lo mismo con sus ingresos, y eso provocó una crisis de grandes proporciones. La crisis en el sistema financiero fue generalizada y el impacto en la economía colombiana llevó a un decrecimiento de 4.3% en el PIB en 1998.

Aun así, pocos días antes de su oficialización, Granahorrar conservaba su liderazgo como tercera corporación de ahorro y vivienda, y séptima del sector financiero. Sus índices se mantenían dentro de los estándares exigidos por la Superbancaria. Al momento de la Oficialización, antes del balance posterior a la apropiación de los 925.000 millones de pesos, todos los indicadores de Granahorrar eran positivos. Inclusive la relación entre patrimonio y pasivos era adecuada, y el nivel de cartera, inferior al promedio del sector. Al cierre de septiembre, el balance de Granahorrar arrojó utilidades por 3.000 millones de pesos, una cifra aceptable, comparada con las multimillonarias pérdidas que registraba la gran mayoría de entidades financieras.

En cambio, a fin de octubre, el balance del banco oficializado arrojó pérdidas por 225.000 millones de pesos. Estas pérdidas en realidad no se produjeron en el mes, sino en un día y, para ser más exactos, en menos de tres horas, pues se originaron “técnicamente” en la cuestionada jugada de apropiarse de cartera de Granahorrar.

IV
La decisión de concentrar y el papel del Banco de Bancos

Otro factor que se sumó a los eventos señalados fue la política del Gobierno que asumió el 7 de agosto de 1998. En medio de la crisis financiera, la nueva Administración decidió estimular la concentración del sector en pocas entidades, para forzar la salida de las pequeñas y las medianas, con el argumento de que era necesario fortalecerlo. En un año desaparecieron 47 de las 140 instituciones financieras que operaban en Colombia. Ese era el contexto que se vivía cuando expropiaron Granahorrar.

El “apretón monetario” provocado por las medidas del Banco de la República socavó la liquidez del sistema financiero y Granahorrar, a pesar de contar con el mejor índice de solvencia del mercado, empezó a ver también agravada su situación de iliquidez. Para superar esta crisis, Granahorrar acudió a los procedimientos especiales que para estas situaciones contempla el sistema financiero: el respaldo del Banco de Bancos.

En efecto, el Banco de la República tiene entre sus funciones la de servir de prestamista de última instancia a las entidades financieras, para ayudarles a resolver sus crisis temporales de liquidez. De esa manera se evitan efectos negativos para los ahorradores, para el sistema y para la economía en su conjunto.

Así es que lo ordinario era que el Banco Central suministrara recursos temporales que cubrieran las necesidades de Granahorrar, entidad que a su vez debería ofrecer garantías para respaldar el pago de esos créditos. De hecho, eso fue lo que ocurrió al inicio de los problemas de liquidez en junio de 1998. En ese momento, el Banco de la República actuó, de acuerdo con las normas, apoyando a Granahorrar, pero a medias, pues estableció que se había producido una baja en sus depósitos que no obedecía a problemas estructurales, pero, en un comportamiento inusual, se abstuvo de desembolsar parte del crédito solicitado.

Además, el Banco de la República interpuso trámites para desembolsar los recursos, de manera que ni los entregó todos ni lo hizo oportunamente, a pesar de que se le habían solicitado con la debida anticipación. Esta actitud ocasionó una primera devolución de cheques, el 1º de julio de 1998, que generó una crisis de confianza de los inversionistas institucionales hacia Granahorrar y deterioró su imagen. En octubre, el Banco de la República dejó de cumplir su función de banco de bancos frente a Granahorrar, al negarse a entregar los recursos que le había asignado. Sin estos recursos, con los que ya contaba la Corporación, se produjo la devolución de cheques que desencadenó la aplicación del Mecanismo del Acordeón para expropiar a los accionistas de Granahorrar

V
El fin de la actuación

La anterior actitud del Banco de la República provocó un enfrentamiento entre esta entidad y el Gobierno Nacional. El Gobierno sostuvo que como la situación de Granahorrar no tenía su origen en un debilitamiento patrimonial, y que como la baja en los depósitos no obedecía a fallas estructurales, debía seguir siendo atendida por la autoridad monetaria en ejercicio de la función constitucional de ser el Banco de Bancos.

En la posición opuesta, el Banco de la República sostenía que le correspondía al Gobierno, a través de Fogafín, brindar apoyos de liquidez a Granahorrar, tesis que finalmente se impuso. Fogafín, cuya Junta Directiva está presidida por el Director del Banco de la República, decidió que los apoyos crediticios no se debían entregar mientras no se produjera la venta del paquete mayoritario de acciones. Esta idea se convirtió en una obsesión de las autoridades bancarias, sin tener en cuenta que los accionistas mayoritarios querían mantenerse en el sector financiero, y sin que existieran razones válidas ni facultades legales para que las autoridades bancarias provocaran el cambio de propietarios.

Sin embargo, Fogafín actuó como si tuviera poder para disponer de los derechos de los accionistas. Asumió el papel de vocero de estos y envió señales nocivas al mercado que impedían restaurar la imagen de Granahorrar. Por ejemplo, Fogafín les informó a las entidades bancarias que para obtener créditos interbancarios, Granahorrar debía contar previamente con aval suyo. Esta medida se convirtió en un callejón sin salida, pues ningún agente del mercado revisaba los estados financieros y la solvencia de Granahorrar para otorgarle créditos, sino que debía recurrir al aval de Fogafín.

Con esta exigencia, lo que buscaba Fogafín era ‘secar’ a Granahorrar, al cerrarle el acceso a nuevos réditos y forzar así la venta de los accionistas mayoritarios. Es entonces cuando las autoridades bancarias entran en contacto con el Banco Santander, que, al cabo de varias semanas y tras realizar el due diligence, no presentó la propuesta de compra y dejó la estrategia gubernamental en el aire. Entonces las mismas autoridades bancarias contactaron a los bancos acreedores de los accionistas mayoritarios para que recibieran acciones de Granahorrar como pago.

Este movimiento también se frustró porque los bancos acreedores vieron la posibilidad de obtener utilidades si adquirían el paquete mayoritario por un valor inferior al 50% del valor intrínseco de la acción. Adicionalmente, los bancos empezaron a disputarse el futuro control de Granahorrar sin lograr un acuerdo. Para completar, cuando los accionistas mayoritarios fueron llamados a discutir la propuesta de los bancos, las cláusulas leoninas contenidas en el borrador de contrato hacían inaceptable la oferta. La posibilidad de llegar a una transacción desapareció, y la noticia se filtró a la prensa creando un pánico financiero que tomó por sorpresa a las autoridades que promovían la operación. Así fue como las autoridades bancarias decidieron aplicar el Mecanismo del Acordeón, la noche del 2 de octubre de 1998, expropiando a los legítimos propietarios de las acciones de Granahorrar.

Epílogo

A lo largo del presente alegato sustentado, se demuestra la arbitrariedad que cometió el Estado frente a los accionistas de Granahorrar, y la forma como procedió al aplicar el Mecanismo del Acordeón, en menos de 12 horas y sin lugar a recurso alguno. De un momento a otro, en un fin de semana, decisiones de las autoridades bancarias convirtieron 220.000 millones de pesos de cientos de accionistas, en 350 millones de pesos. En un abrir y cerrar de ojos crearon pérdidas ficticias para los ahorradores y las volvieron utilidades para Fogafiín y el Banco de la República. Sin mediar recursos ni alegatos, desconociendo normas y realidades, el Gobierno decidió un viernes a medianoche cambiar los accionistas de Granahorrar.

Esa obsesión llevó al Gobierno a abandonar a Granahorrar en medio de la peor crisis económica de la historia de Colombia a su problema de liquidez, desconociendo su historia impecable y el cumplimiento de los estándares exigidos por la Superbancaria. La abandonó, en vez de acudir en su defensa con créditos que estaba obligado a proveer.

Al eludir el Estado la obligación de respaldar a Granahorrar, mediando inclusive un contrato escrito, envía una señal de inseguridad que debe ser corregida, reconociendo los perjuicios causados a los accionistas de Granahorrar. Sobre todo si se considera que la crisis de 1998 fue causada por el mismo Banco de la República al tratar de contener una supuesta fuga de capitales.
La apropiación de cartera por parte de Fogafin y el Banco de la República por 925.000 millones de pesos que les generó a estas entidades utilidades por más de 200.000 millones de pesos y pérdidas por una suma similar a todos los inversionistas y accionistas de Granahorrar, es un caso sin precedentes en la historia bancaria del país, sin sustento legal alguno.

El hecho de que Granahorrar en los años transcurridos desde la expropiación haya continuado creciendo, demuestra que la situación en la que se encontraba le permitía salir adelante y que sólo necesitaba recursos de liquidez –como en efecto se los suministró el mismo Estado tras la expropiación– para superar su crisis.

Ahora está en manos de los tribunales de justicia evaluar el caso para que los inversionistas, los ahorradores y los usuarios del sector financiero recuperen la plena confianza en las autoridades bancarias y se sancionen las arbitrariedades cometidas. A nosotros, accionistas legítimos de Granahorrar, el Estado debe indemnizarnos por la expropiación cometida. La inseguridad jurídica que genera una expropiación sin indemnización se debe corregir, para bien de nuestras instituciones.

***

[1] La banda cambiaria era un sistema en el que BR fijaba un techo y un piso al valor del dólar. Si el valor del dólar amenazaba salirse de la banda, el BR vendía o compraba dólares manteniendo dentro de esos límites el precio. Con ese sistema se buscaba estabilizar el peso y evitar devaluaciones masivas. En septiembre de 1999, el Banco de la República decidió acabar con este sistema.